1.- El detonante
El detonante de la situación actual fue, como bien señala José Alejandro Godoy, que “Boluarte y el Congreso entendieron que la permanencia de ambos hasta el 2026 se garantizaba con que Dina Boluarte fuera la presidenta. Aquí se comete un error inicial y el error de fondo es no asumirse como una transición. Todas las encuestadoras (IEP, Ipsos, Datum, CPI) decían que, una vez que salga el presidente Pedro Castillo del poder, la mayoría de la gente quería que se vayan todos, que se adelante el calendario electoral”^[1].  El no haber tenido eso en cuenta y más bien que el Congreso celebrara ruidosa (y cachacientamente) la vacancia de Castillo gatilló las protestas, que ya llevan más de un mes.

2.- Una profunda sensación de agravio
Las protestas responden a un profundo sentimiento de agravio de la población que votó por Castillo, que vio cómo desde inicios de la segunda vuelta desde la capital eran calificados de ignorantes y hasta comunistas por su opción política. Observaron cómo, con la tesis del fraude (que Keiko y sus aliados no pudieron demostrar) se quiso desconocer su voto en las urnas, demostrando así que este sector solo cree en la democracia cuando el resultado les es favorable.
Y también observaron que desde el día siguiente que asumió la presidencia Pedro Castillo (antes de que aparecieran los serios indicios de corrupción de su gobierno) los que perdieron las elecciones usaron el Congreso y la Fiscalía para vacarlo.  Tarea que al final les fue facilitada por el propio Castillo con su auto golpe del 7 de diciembre, que muchos han calificado de “suicidio político”.
En palabras de una persona de Puno “El único momento que somos iguales es cuando uno va a votar, pero si hasta eso me quitan…”. Lo decía en referencia al hecho de que cotidianamente sienten la discriminación, exclusión y racismo, que les recuerda el largo camino por recorrer para también ser reconocidos como ciudadanos peruanos.
Pero también están sumamente indignados por la insinuación de que son gente sin educación que se deja manejar por “azuzadores que buscan crear el caos” y que son parte de una “insurgencia terrorista”, etc.
Como bien recordó Edgar Mancha, profesor de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) “los ciudadanos aimaras como quechuas toman sus decisiones de manera colectiva, son muy organizados y difícilmente rompen sus acuerdos”^[2]. Y en el caso de Puno es un insulto mayúsculo llamarlos terroristas, cuando dicha población cuando Sendero quiso hacer de Puno “un segundo Ayacucho” los combatió y derrotó, en alianza con sectores progresistas de la Iglesia Católica y de partidos de Izquierda.  La lucha de Puno contra Sendero Luminoso está bien documentada en el libro del historiador José Luis Rénique La Batalla por Puno.

3.- La respuesta gubernamental
Desde el comienzo fue totalmente desacertada, con distintas narrativas sobre lo que sucedía que buscaban descalificar la legitimidad de la protesta e impedían iniciar un diálogo:
+ Primero afirmaron que las protestas eran organizadas y financiadas por los  prefectos y subprefectos nombrados por Pedro Castillo, por tanto decidieron botarlos a todos; pero las protestas continuaron.
+ Luego dijeron que fuentes de inteligencia decían que se estaba frente a una “Insurgencia terrorista”, que todos los manifestantes y los que los apoyaban eran “terrucos”. En palabras de la ex presidenta del Congreso y miembro de Acción Popular, Mari Carmen Alva “estamos viendo actos de terrorismo”.
+ La llegada a Lima de unas cuantas camionetas provenientes del VRAEM (Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) les hizo darse cuenta de que las protestas eran promovidas por el narcotráfico, y así nos lo dieron a conocer.
+ La presencia de mineros ilegales en Chala los llevó a la conclusión de que las protestas eran promovidas y financiadas por la minería ilegal.
+ Pero luego descubrieron que el ex presidente boliviano Evo Morales era el que estaba detrás de las protestas, que habían ingresado cientos de carros con bolivianos y en palabras de Dina Boluarte “Armas han ingresado por el sur y esas podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas (…) este tipo de municiones no usa la PNP y FFAA”^[3]. Como bien señaló Rosa María Palacios esa afirmación de que estamos frente a una conspiración boliviana “es risible, no es el origen del problema”.
+ Finalmente se dieron cuenta que era Pedro Castillo quien movía todo desde su prisión en Barbadillo, olvidándose de la merecida fama de inepto que se había ganado en sus 16 meses de ejercicio de la Presidencia y que continúa acrecentándola, pues ni siquiera puede encontrar quien lo defienda legalmente, habiendo cambiado ocho veces de abogado. 
A pesar de eso, el Primer Ministro Otárola afirma que las “Manifestaciones se han organizado con un año y medio de anticipación por el gobierno golpista” y son un “ataque artero contra la propia subsistencia del Estado”^[4].
Todas estas explicaciones tienen algo en común: son teorías conspirativas que no admiten responsabilidad ni del Ejecutivo, Congreso, ni medios de comunicación en lo que estamos viviendo. Y todas tienden a ilegitimar los motivos de la protesta ciudadana y a legitimar el uso de la fuerza contra los manifestantes. La coalición gobernante (Gobierno-Congreso-FFAA-Poderes fácticos) alegremente la ha ido suscribiendo.
El comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Perú señaló que “en el país existía una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, sobre todo en el discurso de algunas autoridades para generalizar a personas indígenas y campesinas a las que califican de "terroristas", "senderistas", "indio" y "otras formas despectivas".

4.- Uso criminal de la fuerza
Frente a este tipo de diagnóstico se ha procedido a un uso criminal de la fuerza, disparando a matar a la población con AKM y disparando perdigones a 5 metros directamente al cuerpo, cuando el reglamento policial especifica claramente que debe hacerse a 35 metros.  También se ha recurrido reiteradamente a disparar indiscriminadamente con armas de fuego y bombas lacrimógenas desde helicópteros. Resultado de todo es que, según la Defensoría, al 20 de Enero tenemos: 54 fallecidos (44 en enfrentamientos, 9 por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo  y 1 policía), así como también 772 civiles heridos y 442 policías^[5].
Como bien nos ha recordado reiteradamente Rosa María Palacios en su programa diario en La República no se puede disparar a matar.  También lo reitera el Pronunciamiento de la Confer Local Juli-Puno, Sur Andino, del 11 de Enero “lo que más nos indigna es la desmedida represión de parte del Estado contra los civiles que participaron en las protestas. La ley reglamenta el uso de armas: un policía únicamente puede hacer uso de la fuerza letal contra alguien como último recurso, es decir cuando existe una amenaza directa, real e inminente contra su propia vida (Decreto Legislativo 1186). Los 17 muertos fueron víctimas de fuego indiscriminado en flagrante violación de la ley, de parte de las fuerzas del orden. Esos hechos tienen que ser aclarados, y los responsables citados ante los órganos correspondientes de administración de justicia”.
Es innegable el uso criminal de la fuerza tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “urge al Estado tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales; y seguir generando mecanismos efectivos de diálogo para atender el conflicto social y prevenir la violencia”.
Qué contraste con lo sucedido en el Brasil, donde miles de partidarios del anterior Presidente Bolsonaro asaltaron el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, destruyendo propiedad pública. Las fuerzas del orden brasileras los desalojaron, y tomaron presos a cerca de 1500, sin ocasionar ni un muerto. En Francia, en las protestas de los llamados “chalecos amarillos” también hubo ataques a propiedad pública y privada por vándalos y violentistas. Sin embargo, fueron controlados sin necesidad de tirar a matar.
Lamentablemente en el Perú el racismo hace que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tiren a matar cuando se trata del pueblo y sobre todo si son de la Sierra y Selva; a pesar -reiteramos- que sus mismos reglamentos prohiben tirar al cuerpo, salvo que su vida esté directamente en peligro. Sin embargo, NUNCA han sido sancionados por disparar a matar en protestas sociales. Y es bien sabido que si hay impunidad, no se enmiendan las conductas.
Un importante sector de la población respalda ese tipo de actitudes. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 29.4% considera que la violencia es necesaria para mantener el orden y ejercer la autoridad^[6]. No entienden que la gente cuando protesta tiene motivos legítimos para ello y siempre ven las protestas como fruto de “azuzadores”,“manipuladores”,“terroristas”,etc. Para estas personas el que protesta es un enemigo que hay que destruir, porque es una amenaza y tienen una tolerancia excesiva frente a los muertos y heridos que la represión oficial indiscriminada genera.  Por otro lado, a esta gente les preocupa más el impacto económico de las protestas (por eso cuantifican diariamente las pérdidas económicas) que la vida de los que protestan.

5.- El Congreso
Los parlamentarios parecen estar en otra galaxia, mientras el Perú se desangra y, a pesar de saber que el adelanto de elecciones depende ellos, están más ocupados en sus propias prioridades como son:
1.- Aprobar normas para las próximas elecciones que los favorezcan, como la reelección inmediata, la bicameralidad y lograr el control congresal de los organismos electorales autónomos: ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), JNE (Jurado Nacional de Elecciones) y  RENIEC (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil).
+ También continuar aprobando leyes que les permita seguir afirmando su poder frente al Ejecutivo, como la eliminación del voto de confianza a los gabinetes, para disminuir la posibilidad de ser disuelto, etc.
+ Y por supuesto seguir legislando en función de intereses particulares (como el de los dueños de universidades particulares contra la SUNEDU), mafiosos (por ejemplo, extendiendo el plazo a los mineros ilegales) y fundamentalistas (como los colectivos católicos y evangélicos que están contra la perspectiva de género y  la educación sexual integral en la escuela).
Por otro lado, como bien señaló el Ex Ministro de Trabajo, Eduardo García en su valiente carta de renuncia del 12 de Enero del 2023 ”su única reacción, es agudizar las contradicciones”.

6.- La Fiscalía
Como hemos explicado en anteriores entregas, la Fiscal Benavides, buscando salvar a su hermana Emma, con impedimento de salida del país por haber liberado a narcotraficantes, desde el inicio se sumó a la coalición vacadora. Y actualmente la encontramos totalmente alineada con la narrativa oficial, Dina lo confirmó en su mensaje el 19 de enero cuando dijo que con la fiscalía estaban abriendo expedientes a los manifestantes.
Para ello, como lo dio a conocer el diario La República los días 13 y18 de Enero del 2023, ha reducido sustancialmente las fiscalías de Derechos Humanos a menos de la mitad y ha ampliado las de terrorismo, buscando procesar por esa causa a los participantes en las protestas. Testimonios desde Puno, de gente ligada a la Iglesia Católica, nos comentan que los fiscales se hacen presente en los hospitales y centros de salud donde se encuentran los heridos para amedrentarlos, por eso algunos prefieren irse sin lograr curarse del todo, lo que atenta contra su derecho a la vida y a la salud.

7.- Los Medios de Comunicación
La cobertura mediática por parte de los medios de comunicación nacionales (con base en Lima) ha dejado mucho que desear.  En lugar de buscar presentar elementos que permitan entender lo que pasaba y evidenciar los problemas estructurales que estaban detrás, hicieron eco de la narrativa oficial en cuanto al origen y objetivo de la protesta ciudadana, mostrándose muy preocupados por las pérdidas económicas, pero no por la pérdida de vidas y poniendo énfasis en las acciones de saqueo y vandalismo, echando la culpa a las víctimas.
Además, censuraban descaradamente lo que no les conviene. Sucedió, por ejemplo, en una entrevista al politólogo Alberto Vergara, en Canal N. Vergara dijo “si decidiéramos vandalizar el set de este canal, las fuerzas del orden tendrían todo el derecho de reducirnos, pero sería inaceptable que nos disparen un balazo en la cabeza”. Pero el digitador del cintillo ordenó que omitan la segunda parte de la frase, desvirtuando sus declaraciones. Y cuando no censuraban, editaban a su antojo las declaraciones para poner solo las que reafirmaban su punto de vista, como le sucedió al Cardenal Barreto en una entrevista en radio Exitosa.
 En cambio, los medios de comunicación internacional como El País, Deutsche Welle, New York Times, Washington Post, la BBC, The Guardian etc. resaltaban el racismo estructural como esencial para entender lo que estaba pasando.

8.- La violencia
Se ha buscado desde el gobierno, los medios de comunicación, los sectores de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía nacional, así como también un sector de la opinión pública presentar a todos los manifestantes como una turba de vándalos que destruyen propiedad pública y privada y así justificar la desmedida represión hacia ellos.
Es increíble que luego de tantos años estos sectores no se hayan dado cuenta que en toda protesta social siempre hay este tipo de personas, pero que son una minoría que el Estado debe identificar, detener y sancionar; se supone que para eso sirve la llamada “inteligencia militar y policial” (aunque algunos consideran esa frase un oximorón).
Estos violentistas profesionales pueden provenir del Movadef (fachada de lo que queda de Sendero Luminoso), del etnocacerismo, de miembros de economías ilegales (hoy más organizadas y con mayores recursos) como los contrabandistas, narcotraficantes, taladores ilegales, o mineros ilegales. Pero también es conocido el recurso que usan las “fuerzas del orden” para infiltrarse en las protestas y promover disturbios a fin de justificar su acción represiva. En las actuales protestas hay diversos videos que los muestran en esa actitud. Por último, es bien sabido que la delincuencia común aprovecha estas ocasiones para incitar al saqueo.
Este tipo de actores radicales siempre se infiltran, lamentablemente en esta ocasión la respuesta y discurso gubernamental, en lugar de buscar neutralizarlos y aislarlos del conjunto de manifestantes, los empoderó.
Las organizaciones sociales conocen bien este peligro. Por eso las  Organizaciones  Sociales Unidas del Cusco, en un comunicado del 9 de enero decían que  “las medidas de protesta se desarrollarán de forma pacífica y contundente. Por tal motivo, deslindamos con cualquier acto vandálico que comprometa la vida, la propiedad privada y pública. Advertimos que aquellos infiltrados que pretendan deslegitimar la lucha social, serán capturados y denunciados ante las autoridades correspondientes, venga de donde venga”. Ya el 13 de diciembre, ellas habían señalado que su “accionar contraviene la lucha popular” y “se convierte en una excusa para criminalizar la protesta y decretar estados de emergencia”.
Pero lamentablemente tenemos que reconocer que dentro de los ciudadanos y ciudadanas que protestan también hay un sector que piensa que si no se bloquean carreteras, si no se ataca propiedad pública o privada las autoridades no les hacen caso. Como señalaba la socióloga María Isabel Remy^[7], en un estudio del 2005, están convencidos de que “su capacidad de ejercer presión (de ser visibles, de exigir atención) se sustenta en el grado de violencia que son capaces de ejercer”.  En el estudio mencionado líneas arriba del PNUD (P.73) se encontraba que el 29,2% de la población peruana piensa así. El gran reto que tenemos es convencerlos que la violencia solo engendra violencia y que los métodos pacíficos son más eficaces para hacer que la opinión pública se solidarice con sus reclamos.
Felizmente no son la mayoría, en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del Domingo 15 de enero, se evidencia un mayoritario rechazo a los métodos de la violencia, como lo indica el siguiente gráfico:

 
Esto coincide con el hallazgo del PNUD (p.73):de que la mayor parte de la población (60%) se opone al uso de la violencia, sea el pretexto el respeto a la autoridad o el respeto a los pueblos.  Y en la crisis actual así lo han expresado los numerosos comunicados de la sociedad civil, provenientes tanto de comunidades cristianas, la Asociación Nacional de Centros, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, diversas ONGs y la academia.  Todos ellos piden el cese de la violencia estatal, el ejercicio del derecho a la protesta en forma pacífica y atender los justos reclamos de la población, respaldando el pedido de adelanto de elecciones.

9.- Estamos en un callejón sin salida
            Estamos en una situación de polarización muy fuerte en la que ambas partes en conflicto descartan el diálogo, pues desconocen la legitimidad del otro.
No se entiende que la protesta actual es una explosión fruto de una rabia acumulada, por un gran sentimiento de exclusión y gran rechazo al centralismo limeño. Se juntan demandas largamente postergadas, carencias no atendidas por el estado, así como también el agravio por desprecios sistemáticamente recibidos por un sistema que los considera “ciudadanos de segunda”. Tampoco entienden que lo que se expresa no es izquierda, ni comunismo, sino malestar generalizado
Tampoco se logra entender que es respuesta masiva, diversa, con distintos liderazgos locales múltiples, unidos en torno a una agenda que se ha ido decantando, no es la misma de cuándo todo comenzó. El respaldo a Castillo se ha vuelto minoritario, la de Asamblea Constituyente va bajando de tono y lo que unifica es la renuncia de Dina (por considerarla responsable de las 53 muertes) y elecciones generales en el 2023, previo cambio de la Mesa Directiva del Congreso.
Y lamentablemente la opinión pública y el liderazgo conservador está en la misma línea del gobierno. Fernando Cillóniz, ex gobernador de Ica, en un video ampliamente difundido habla de que la “alternativa diálogo es inútil” y plantea claramente que en “en esta guerra son ellos o nosotros”
Muy distinta es la mirada del Ex Ministro de Trabajo, Eduardo García, expresada en su carta de renuncia. Él señala que ”La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede esperar ya hasta abril 2024 (…) Considero que todos los peruanos necesitamos entrar en un proceso de reflexión, necesitamos ver al “otro” como a un “yo” y no como a un enemigo. Entender que el que piensa distinto no necesariamente está equivocado. Necesitamos poder discutir con un diálogo serio, donde validemos la posición del otro y nos esforcemos por comprender sus razones, solo así podremos respetarnos e identificarnos”.
Nicolas Lynch lo sintetiza bien “lo más grave es que la ceguera de quienes están en el poder, al no reconocer validez en los objetivos del movimiento, bloquea la posibilidad de una salida política. De allí, la necesidad de otros interlocutores para que haya negociación y se posibilite una transición a un nuevo gobierno elegido” ^[8].
 
                                                                       Lima, 21 de enero del 2023