La arbitraria, inconsulta e irregular expedición de la Ley 31973 que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada y publicada la madrugada del jueves 11 de enero por el Congreso de la República “busca acabar con la Amazonía y los pueblos indígenas que la habitan”.
Los cambios a la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre favorecen a grandes grupos de poder económico y a las economías ilegales advierte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH indica que la norma “legaliza y promueve” actividades agropecuarias en tierras con aptitud forestal y de protección.
Ello, generará un aumento aún mayor de la deforestación de los bosques amazónicos con el incremento de la frontera agrícola, en especial en favor de grandes grupos de poder económico y sus monocultivos de palma aceitera.
De igual modo, se beneficiarán las economías ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal, agravando los impactos de éstas actividades en la agudización dela crisis climática.
También expone a mayores riesgos a las comunidades, pueblos indígenas amazónicos, y en especial a los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI)
A pesar que existían dos pedidos de reconsideración y que debían verse en una sesión plenaria del Congreso, el presidente del Parlamento ignoró dichas peticiones luego de ser borradas del sistema de información parlamentario.
De esta manera, queda en evidencia que el titular del Congreso, Alejandro Soto Reyes, actuó al margen de los procedimientos parlamentarios establecidos en el Reglamento del Congreso de la República.
La rapidez y falta de debido proceso para la aprobación evidencia “que hay poderes económicos legales e ilegales detrás de éstas decisiones que pesan más que el cumplimiento de marcos normativos nacionales e internacionales”.
Cabe advertir, que la decisión del Congreso atropella las cláusulas ambientales de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y los Estados Unidos, por lo que el Grupo de Trabajo exige su urgente derogatoria.
Tampoco el texto normativo ha sido motivo de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas afectados directa o indirectamente, violándose el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y regulado por la Ley 29785, Ley de Consulta previa en Perú.
La Ley 31973 que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue publicada esta madrugada con las firmas del presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y el vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre).
La norma impuesta por la presidencia del Congreso incrementa la inseguridad jurídica y el riesgo de afectación de 710 comunidades nativas que aún no han sido tituladas y cuyos territorios están expuestos a colonos, empresas y actores ilegales.
Tales actores invaden e incrementan su presencia en territorios indígenas realizando actividades agropecuarias, que estaban prohibidas por el artículo 37 de la Ley Forestal y Fauna Silvestre 29763, pero que con el cambio normativo pretenden “ser legitimadas”.
Además, agrava el riesgo de los y las defensores indígenas y ambientales y que en el Perú registra una saldo de 33 asesinatos que demuestran que los protocolos para su protección no funcionan.
A continuación reproducimos el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
Los cambios a la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre favorecen a grandes grupos de poder económico y a las economías ilegales advierte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH indica que la norma “legaliza y promueve” actividades agropecuarias en tierras con aptitud forestal y de protección.
Ello, generará un aumento aún mayor de la deforestación de los bosques amazónicos con el incremento de la frontera agrícola, en especial en favor de grandes grupos de poder económico y sus monocultivos de palma aceitera.
De igual modo, se beneficiarán las economías ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal, agravando los impactos de éstas actividades en la agudización dela crisis climática.
También expone a mayores riesgos a las comunidades, pueblos indígenas amazónicos, y en especial a los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI)
Aprobación irregular
A pesar que existían dos pedidos de reconsideración y que debían verse en una sesión plenaria del Congreso, el presidente del Parlamento ignoró dichas peticiones luego de ser borradas del sistema de información parlamentario.De esta manera, queda en evidencia que el titular del Congreso, Alejandro Soto Reyes, actuó al margen de los procedimientos parlamentarios establecidos en el Reglamento del Congreso de la República.
La rapidez y falta de debido proceso para la aprobación evidencia “que hay poderes económicos legales e ilegales detrás de éstas decisiones que pesan más que el cumplimiento de marcos normativos nacionales e internacionales”.
Cabe advertir, que la decisión del Congreso atropella las cláusulas ambientales de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y los Estados Unidos, por lo que el Grupo de Trabajo exige su urgente derogatoria.
Tampoco el texto normativo ha sido motivo de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas afectados directa o indirectamente, violándose el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y regulado por la Ley 29785, Ley de Consulta previa en Perú.
La Ley 31973 que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue publicada esta madrugada con las firmas del presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y el vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre).
Riesgo mayúsculo
La norma impuesta por la presidencia del Congreso incrementa la inseguridad jurídica y el riesgo de afectación de 710 comunidades nativas que aún no han sido tituladas y cuyos territorios están expuestos a colonos, empresas y actores ilegales.Tales actores invaden e incrementan su presencia en territorios indígenas realizando actividades agropecuarias, que estaban prohibidas por el artículo 37 de la Ley Forestal y Fauna Silvestre 29763, pero que con el cambio normativo pretenden “ser legitimadas”.
Además, agrava el riesgo de los y las defensores indígenas y ambientales y que en el Perú registra una saldo de 33 asesinatos que demuestran que los protocolos para su protección no funcionan.
A continuación reproducimos el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
