Las organizaciones indígenas y la conservación internacional han diferido sobre la protección de la naturaleza tanto en la práctica como en lo conceptual. Los pueblos indígenas consideran que el mejor camino para para conservar la biodiversidad es reconocer sus derechos al territorio y terminar con la colonización forzada. Sin embargo, los conservacionistas creen que estas demandas amenazan a la biodiversidad, en tanto cualquier acción humana supone la alteración de las condiciones necesarias para la preservación de los bienes naturales comunes.
Ya en la década del ‘80, comenzaron a generarse alianzas contra amenazas concretas. Un caso emblemático fue el de Brasil: bajo la consigna del “desarrollo”, el Gobierno militar comenzó a implementar programas mineros y forestales destinados a apropiarse de la Amazonía a través de carreteras que planeaban atravesar su geografía. En este marco, el ambientalismo tomó contacto con las poblaciones indígenas de la región, potenció sus campañas de denuncia por la destrucción del medio ambiente y las posicionó como aliadas naturales de la conservación.
Por su lado, los pueblos indígenas visibilizaron sus demandas, vincularon sus derechos humanos con el reconocimiento legal de su territorio y se posicionaron como el principal actor de la protección de las selvas y los bosques. El punto máximo de esta alianza llegó con la Cumbre de Río de 1992, cuando la agenda ambiental y la indígena encontraron eco en una comunidad internacional sensibilizada por los desastres naturales de los países del norte. En efecto, la Agenda 21 puso énfasis en la relación histórica de los pueblos indígenas con sus territorios y su papel para la conservación de los ecosistemas.
Al mismo tiempo, los pueblos indígenas en Bolivia lograron titular colectivamente 12,5 millones de hectáreas en las Tierras Bajas, es decir, el Subtrópico, el Chaco y la Amazonía. Sin embargo, los títulos de propiedad no lograron garantizar el pleno ejercicio de los derechos territoriales en el marco de la Libre Determinación, reconocida también en la Constitución Política del Estado. En efecto, existen territorialidades, impuestas por privados o estatales, que atraviesan los territorios indígenas y desconocen sus derechos colectivos, sus autoridades y su realidad socio-cultural. De más está decir que esto perjudica la gobernanza y la gestión.
En este marco, los territorios indígenas titulados han desaparecido como unidad de análisis y no son tomados en cuenta en la definición de políticas públicas. El Estado se articula a través de las unidades territoriales republicanas (como el departamento y el municipio) y, en el mejor de los casos, las comunidades quedan subordinadas a los distritos municipales. Pero no a través de los territorios indígenas que solo son considerados desde la óptica agraria, lo cual niega su entidad política y su lucha reivindicativa que generó su consolidación legal.
A esto se les suman las áreas protegidas solapadas, donde los instrumentos de gestión, como los planes de manejo, definen el uso, acceso y aprovechamiento del territorio, estableciendo las restricciones que suelen estar lejos de la realidad social y cultural de los pueblos indígenas que las habitan. Si bien el proceso de elaboración del plan de manejo suele ser altamente participativo, el ordenamiento territorial del área tiene como lógica sus condiciones ambientales y los elementos culturales e históricos son considerados, en el mejor de los casos, como “objetos de conservación”.
Frente a esta situación, la agenda de los pueblos indígenas ha sido retomada por las organizaciones territoriales, que vienen proponiendo herramientas y procesos para construir de manera autónoma su propio desarrollo con perspectiva histórica. Los pueblos indígenas también vienen utilizando de manera estratégica las competencias constitucionales establecidas para las autonomías indígenas. Una de ellas es la creación de áreas protegidas subnacionales y de ordenamiento territorial, recuperando la iniciativa política y asumiendo la autoría que le demanda el presente momento histórico.
Ubicado en la Amazonía Sur de Bolivia, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) logró la titulación de 600 mil hectáreas como territorio colectivo de los cinco pueblos indígenas que habitan las 26 comunidades que lo componen: Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Movima, T’simane y Yuracaré. El TIM ha empleado, de forma creativa, las herramientas técnicas de observación y control de la biodiversidad para ponerlas al servicio de la gobernanza y la gestión autónoma de su territorio a través de un sistema integral de control territorial.
Al mismo tiempo, se llevó adelante una serie de estudios que concluyeron con un Plan de Gestión de Recursos Naturales que incluye la zonificación de su territorio y asigna niveles de prioridad para su conservación y protección. Este Plan de Gestión decidió la creación del Área de Conservación Loma Santa ya que reúne condiciones ambientales, de vulnerabilidad y de alto valor biológico. Este lugar es considerado estratégico para la reproducción de la biodiversidad y de los sistemas de vida del territorio.
Esta área protegida fue creada en el marco del ejercicio de la libre determinación reconocida por la Constitución Política del Estado y las normas del Estatuto Autonómico que respaldan la obligación de tomar acciones para el control y la defensa territorial frente a las amenazas. Esta decisión política expresa una afirmación histórica porque el Área de Conservación Loma Santa reúne las casi 200 mil hectáreas conquistadas a través del Decreto Supremo 22.611, luego de la Primera Marcha Indígena de 1990.
Por otro lado, este área de conservación persigue el objetivo de consolidar un territorio que, por muchos años, fue objeto de extracción ilegal de madera y fauna nativa. De este modo, la creación del Área de Conservación Loma Santa adquiere características de defensa territorial porque intenta contrarrestar un conjunto de amenazas: la construcción de la carretera del TIPNIS, los avasallamientos y, el aprovechamiento ilegal de áridos y minerales en la cabecera de los ríos.
Todo esto se traduce en una afirmación política que integra los temas ambientales en el marco del proyecto histórico de vida de los cinco pueblos que habitan la región. Así, las comunidades se posicionan como un actor social relevante en la región del Gran Mojos, que armonizan su construcción histórica y social con las prioridades de conservación ambiental que, a su vez, permiten su reproducción como pueblo indígena.
La autonomía del pueblo Guaraní, Charagua Iyambae, ha sido el primer gobierno indígena del Estado Plurinacional y funciona desde 2016. Charagua está ubicada en la región semiárida del Chaco y su extensión suma más de 7.000.000 de hectáreas, de las cuales el 68% están declaradas como área protegida. Como el proceso de titulación de sus territorios colectivos no fue exitoso, la estrategia del pueblo Guaraní para recuperarlos fue crear áreas protegidas o de conservación ecológica, de modo paralelo a la demanda de autonomía. De este modo, la reconstitución territorial como medio para alcanzar el ivi mareï o tierra sin mal no fue a través de la devolución de sus espacios ancestrales, sino de un gobierno propio.
El camino fue largo. En los años ‘90 se creó el Parque Nacional Kaa-Iya (dueño del monte, en guaraní) del Gran Chaco con el objetivo de recuperar este territorio ancestral de 3,4 millones de hectáreas, el más grande de Bolivia. Este Parque Nacional cuenta con tres particularidades: su extraordinaria superficie de bosque tropical, la presencia de grandes felinos como el jaguar y el taguá, y es una zona de tránsito de los últimos ayoreos en aislamiento voluntario. Si bien en un principio fue cogestionado entre las capitanías del Isoso y el SERNAP, en la actualidad el Estado lo administra casi de manera excluyente. La participación indígena es mínima a través del Comité de Gestión.
Además, Charagua Iyambae cuenta con otras tres áreas de conservación propias creadas por iniciativa del gobierno autónomo. Se trata de Irenda (lugar del agua), Guajukaka (guanaco) y Ñembi Guasu (gran refugio). Más allá de su interés ecológico, esta última también es un área de tránsito de los ayoreos en aislamiento voluntario. En estos casos los modelos de gobernanza y gestión están en debate a partir del proyecto de Ley de Áreas Protegidas, en la que se está discutiendo un sistema de gestión y administración desde el gobierno autónomo con su propia impronta.
El Área de Conservación Loma Santa y el Parque Nacional “Kaa-Iya” evidencian cómo los pueblos indígenas están a la vanguardia de la protección de la biodiversidad. Para ellos no es una novedad. Al contrario, la creación de áreas protegidas es un instrumento más para instrumentar una cosmovisión que entiende que el hombre y la naturaleza son complementarios. Tienen muy en claro que la sobreexplotación del territorio amenaza su propia existencia.
El gran desafío que se les presenta hoy a los pueblos indígenas es cómo sus territorios y las zonas de gran riqueza en biodiversidad pueden ser gobernadas bajo sus propias lógicas y sus propias autoridades tradicionales. En este marco, los pueblos indígenas tienen, además, la enorme responsabilidad de convertirse en actores de la conservación, en tanto su reproducción económica y social depende de la preservación de las funciones ambientales de la naturaleza.
En una coyuntura que nuevamente intenta marginarlas, las organizaciones indígenas deben construir una nueva agenda política que les permita posicionarse en el debate público sobre el cambio climático y la conservación. Los pueblos indígenas tienen siglos de experiencia como para generar un aporte sobre la gestión de las áreas protegidas. De cara al futuro, deben cumplir un rol protagónico en la lucha global contra el cambio climático.
Leonardo Tamburini es Director Ejecutivo de Ore (Organización de Apoyo Legal y Social). Como abogado, cuenta con una trayectoria de 30 años en derecho indígena y es asesor legal de la Autonomía Guaraní de Charagua Iyambae.
Ya en la década del ‘80, comenzaron a generarse alianzas contra amenazas concretas. Un caso emblemático fue el de Brasil: bajo la consigna del “desarrollo”, el Gobierno militar comenzó a implementar programas mineros y forestales destinados a apropiarse de la Amazonía a través de carreteras que planeaban atravesar su geografía. En este marco, el ambientalismo tomó contacto con las poblaciones indígenas de la región, potenció sus campañas de denuncia por la destrucción del medio ambiente y las posicionó como aliadas naturales de la conservación.
Por su lado, los pueblos indígenas visibilizaron sus demandas, vincularon sus derechos humanos con el reconocimiento legal de su territorio y se posicionaron como el principal actor de la protección de las selvas y los bosques. El punto máximo de esta alianza llegó con la Cumbre de Río de 1992, cuando la agenda ambiental y la indígena encontraron eco en una comunidad internacional sensibilizada por los desastres naturales de los países del norte. En efecto, la Agenda 21 puso énfasis en la relación histórica de los pueblos indígenas con sus territorios y su papel para la conservación de los ecosistemas.
El caso de Bolivia
Al calor de la ebullición social de comienzos del siglo XXI, los movimientos sociales bolivianos llegaron a promover la llamada “gestión compartida” de las áreas protegidas, sobre todo, en los casos de presencia indígenas. Sin embargo, en la actualidad, la gestión de las áreas protegidas puede calificarse como regresiva a partir del conflicto por el intento de construcción de una carretera que iba a atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Finalmente, esta obra fue detenida por dos marchas nacionales.Al mismo tiempo, los pueblos indígenas en Bolivia lograron titular colectivamente 12,5 millones de hectáreas en las Tierras Bajas, es decir, el Subtrópico, el Chaco y la Amazonía. Sin embargo, los títulos de propiedad no lograron garantizar el pleno ejercicio de los derechos territoriales en el marco de la Libre Determinación, reconocida también en la Constitución Política del Estado. En efecto, existen territorialidades, impuestas por privados o estatales, que atraviesan los territorios indígenas y desconocen sus derechos colectivos, sus autoridades y su realidad socio-cultural. De más está decir que esto perjudica la gobernanza y la gestión.
En este marco, los territorios indígenas titulados han desaparecido como unidad de análisis y no son tomados en cuenta en la definición de políticas públicas. El Estado se articula a través de las unidades territoriales republicanas (como el departamento y el municipio) y, en el mejor de los casos, las comunidades quedan subordinadas a los distritos municipales. Pero no a través de los territorios indígenas que solo son considerados desde la óptica agraria, lo cual niega su entidad política y su lucha reivindicativa que generó su consolidación legal.
A esto se les suman las áreas protegidas solapadas, donde los instrumentos de gestión, como los planes de manejo, definen el uso, acceso y aprovechamiento del territorio, estableciendo las restricciones que suelen estar lejos de la realidad social y cultural de los pueblos indígenas que las habitan. Si bien el proceso de elaboración del plan de manejo suele ser altamente participativo, el ordenamiento territorial del área tiene como lógica sus condiciones ambientales y los elementos culturales e históricos son considerados, en el mejor de los casos, como “objetos de conservación”.
El caso del Territorio Indígena Multiétnico
En este contexto, los instrumentos de gestión propios de los pueblos indígenas han cedido frente a otros esquemas de planificación pública que invisibilizan los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC). Esto va de la mano con la crisis de representatividad de las organizaciones indígenas que protagonizaron la lucha por la titulación de los territorios: sus espacios colectivos de reflexión y deliberación con sus bases están muy debilitados.Frente a esta situación, la agenda de los pueblos indígenas ha sido retomada por las organizaciones territoriales, que vienen proponiendo herramientas y procesos para construir de manera autónoma su propio desarrollo con perspectiva histórica. Los pueblos indígenas también vienen utilizando de manera estratégica las competencias constitucionales establecidas para las autonomías indígenas. Una de ellas es la creación de áreas protegidas subnacionales y de ordenamiento territorial, recuperando la iniciativa política y asumiendo la autoría que le demanda el presente momento histórico.
Ubicado en la Amazonía Sur de Bolivia, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) logró la titulación de 600 mil hectáreas como territorio colectivo de los cinco pueblos indígenas que habitan las 26 comunidades que lo componen: Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Movima, T’simane y Yuracaré. El TIM ha empleado, de forma creativa, las herramientas técnicas de observación y control de la biodiversidad para ponerlas al servicio de la gobernanza y la gestión autónoma de su territorio a través de un sistema integral de control territorial.
Al mismo tiempo, se llevó adelante una serie de estudios que concluyeron con un Plan de Gestión de Recursos Naturales que incluye la zonificación de su territorio y asigna niveles de prioridad para su conservación y protección. Este Plan de Gestión decidió la creación del Área de Conservación Loma Santa ya que reúne condiciones ambientales, de vulnerabilidad y de alto valor biológico. Este lugar es considerado estratégico para la reproducción de la biodiversidad y de los sistemas de vida del territorio.
El Área de Conservación Loma Santa
Esta área protegida fue creada en el marco del ejercicio de la libre determinación reconocida por la Constitución Política del Estado y las normas del Estatuto Autonómico que respaldan la obligación de tomar acciones para el control y la defensa territorial frente a las amenazas. Esta decisión política expresa una afirmación histórica porque el Área de Conservación Loma Santa reúne las casi 200 mil hectáreas conquistadas a través del Decreto Supremo 22.611, luego de la Primera Marcha Indígena de 1990.Por otro lado, este área de conservación persigue el objetivo de consolidar un territorio que, por muchos años, fue objeto de extracción ilegal de madera y fauna nativa. De este modo, la creación del Área de Conservación Loma Santa adquiere características de defensa territorial porque intenta contrarrestar un conjunto de amenazas: la construcción de la carretera del TIPNIS, los avasallamientos y, el aprovechamiento ilegal de áridos y minerales en la cabecera de los ríos.
Todo esto se traduce en una afirmación política que integra los temas ambientales en el marco del proyecto histórico de vida de los cinco pueblos que habitan la región. Así, las comunidades se posicionan como un actor social relevante en la región del Gran Mojos, que armonizan su construcción histórica y social con las prioridades de conservación ambiental que, a su vez, permiten su reproducción como pueblo indígena.
El Parque Nacional “Kaa-Iya” en el chaco boliviano
La autonomía del pueblo Guaraní, Charagua Iyambae, ha sido el primer gobierno indígena del Estado Plurinacional y funciona desde 2016. Charagua está ubicada en la región semiárida del Chaco y su extensión suma más de 7.000.000 de hectáreas, de las cuales el 68% están declaradas como área protegida. Como el proceso de titulación de sus territorios colectivos no fue exitoso, la estrategia del pueblo Guaraní para recuperarlos fue crear áreas protegidas o de conservación ecológica, de modo paralelo a la demanda de autonomía. De este modo, la reconstitución territorial como medio para alcanzar el ivi mareï o tierra sin mal no fue a través de la devolución de sus espacios ancestrales, sino de un gobierno propio.El camino fue largo. En los años ‘90 se creó el Parque Nacional Kaa-Iya (dueño del monte, en guaraní) del Gran Chaco con el objetivo de recuperar este territorio ancestral de 3,4 millones de hectáreas, el más grande de Bolivia. Este Parque Nacional cuenta con tres particularidades: su extraordinaria superficie de bosque tropical, la presencia de grandes felinos como el jaguar y el taguá, y es una zona de tránsito de los últimos ayoreos en aislamiento voluntario. Si bien en un principio fue cogestionado entre las capitanías del Isoso y el SERNAP, en la actualidad el Estado lo administra casi de manera excluyente. La participación indígena es mínima a través del Comité de Gestión.
Además, Charagua Iyambae cuenta con otras tres áreas de conservación propias creadas por iniciativa del gobierno autónomo. Se trata de Irenda (lugar del agua), Guajukaka (guanaco) y Ñembi Guasu (gran refugio). Más allá de su interés ecológico, esta última también es un área de tránsito de los ayoreos en aislamiento voluntario. En estos casos los modelos de gobernanza y gestión están en debate a partir del proyecto de Ley de Áreas Protegidas, en la que se está discutiendo un sistema de gestión y administración desde el gobierno autónomo con su propia impronta.
La gobernanza de la biodiversidad bajo la lógica indígena
El Área de Conservación Loma Santa y el Parque Nacional “Kaa-Iya” evidencian cómo los pueblos indígenas están a la vanguardia de la protección de la biodiversidad. Para ellos no es una novedad. Al contrario, la creación de áreas protegidas es un instrumento más para instrumentar una cosmovisión que entiende que el hombre y la naturaleza son complementarios. Tienen muy en claro que la sobreexplotación del territorio amenaza su propia existencia.El gran desafío que se les presenta hoy a los pueblos indígenas es cómo sus territorios y las zonas de gran riqueza en biodiversidad pueden ser gobernadas bajo sus propias lógicas y sus propias autoridades tradicionales. En este marco, los pueblos indígenas tienen, además, la enorme responsabilidad de convertirse en actores de la conservación, en tanto su reproducción económica y social depende de la preservación de las funciones ambientales de la naturaleza.
En una coyuntura que nuevamente intenta marginarlas, las organizaciones indígenas deben construir una nueva agenda política que les permita posicionarse en el debate público sobre el cambio climático y la conservación. Los pueblos indígenas tienen siglos de experiencia como para generar un aporte sobre la gestión de las áreas protegidas. De cara al futuro, deben cumplir un rol protagónico en la lucha global contra el cambio climático.
Leonardo Tamburini es Director Ejecutivo de Ore (Organización de Apoyo Legal y Social). Como abogado, cuenta con una trayectoria de 30 años en derecho indígena y es asesor legal de la Autonomía Guaraní de Charagua Iyambae.
